Como es habitual, en estos días se está celebrando la Feria del Libro, organizada por la Cámara Peruana del Libro. En esta oportunidad, es Internacional. No es habitual, en cambio, la difusión de dos noticias muy desagradables.
En primer lugar, las editoriales agrupadas en la Alianza Peruana de Editores, entre las que se encontraban Peisa, el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jaime Campodónico y otras pequeñas; acusaron a los administradores de la FIL por discriminación. El caso es bastante penoso, pero como ocurre con los problemas comerciales en eventos tan fugaces como una feria, los que pierden, pierden y se acabó. Cualquier intento de encontrar una solución demora demasiado y al final, la Feria ya terminó.
Los comunicados de ambas partes están disponibles en Internet: La denuncia de APE en su blog institucional, la respuesta de la FIL en su site, el debate fue informado en los medios, por ejemplo por El Comercio y como muestra de las pasiones que despierta este debate, véase el blog de Rodrigo Núñez Carvallo (cuidado, que salpica bilis).
En mi opinión, todo se limita a un tema contractual: hay o no hay un artículo en el reglamento que prohíbe subarrendar el espacio. La FIL lo menciona, pero no lo muestra. Me dejaron con la idea de que unos querían pasarse de vivos, y los otros se pasaron de abusivos. Como digo, algo penoso, desagradable y nada claro.
La otra noticia me pareció increíble. Durante cuatro días, Perú 21 informó de las desventuras de cuatro presos que habían ganado un premio literario y esperaban la premiación en el marco de la Feria. Al comienzo, el 24 de julio, el tema era una censura monda y lironda: Los presos no eran aceptados porque eran considerados peligroso por la oficina de Eventos del Jockey Plaza, yo no podía creerle a mis ojos. Al día siguiente la Defensoría del Pueblo intervino y rechazó el trato injusto. Ese mismo día, el gerente comercial del centro comercial se dio cuenta de la metida de pata y puso condiciones que me parecen ridículas: que presenten un pedido formal y la documentación pertinente. Finalmente, aceptaron el ingreso de los presos escritores.
El caso me parece espantoso: ¿cómo un centro comercial puede considerar peligrosa la presencia de estos escritores? Se trata de presos que aparentemente cumplen una condena por delitos violentos. Angelitos no fueron. Pero en una premiación literaria, siendo trasladados por el INPE y con todas las medidas de seguridad ¿cómo van a ser un peligro?
Vamos a ser francos: uno corre riesgo cuando no puede predecir un daño y, en consecuencia, no puede tomar medidas para evitarlo. Por ejemplo, uno corre peligro en un ascensor porque puede venir un terremoto cuando menos lo esperas. Pero hay jefes en el Jockey que no oyeron el dicho “guerra avisada no mata gente”. Si sabían que llegaban delincuentes peligrosos ¿no era muy sencillo duplicar la seguridad y garantizar un apoyo adecuado del INPE?
Pero el tema va más allá. Si el Jockey no tiene mecanismo de control de ingreso alguno y, por lo tanto, tampoco puede impedir que un delincuente, un ex delincuente, un candidato a delincuente, Aníbal “El Caníbal”, Blanca Nieves o los Tres Chiflados ingresen al centro comercial, ¿por qué puso condiciones semejantes a los únicos a quienes sí podía controlar y por lo tanto no eran un peligro razonable?
La justificación verdadera no es la que adujeron: “seguridad para los niños”, sino otra muy sencilla, que mencionaron y nadie profundizó: “mala imagen”. En verdad, ellos creían que los clientes de su centro comercial son tan débiles de piernas, que temblarían ante la premiación de presos modelos, reconocidos por la ONG del recordado Padre Lanssiers como ejemplos de adaptación, que gozan de la confianza del INPE y del Ministerio de Justicia, que han demostrado un comportamiento correcto en eventos similares, que serían vigilados estrechamente por sus carceleros y que estarían rodeados de todas las medidas de seguridad que una organización como el Jockey podía implementar.
Me cuesta mucho que esa “mala imagen” sea más importante que el derecho de cualquier preso a reintegrarse a la sociedad, de cualquier persona a no sufrir ninguna clase de discriminación, y el derecho de todos los asistentes al Jockey a escucharlos. Porque esto hay que decirlo con claridad: la censura no solo viola el derecho del individuo al que le colocan esparadrapos en la boca o al que le impiden expresarse en un auditorio. Es una violación al derecho de todos nosotros a oír lo que otros quieren decirnos. Quien debe decidir qué es lo que quiere escuchar es uno mismo, no una empresa que ofrece el local. Si no había ningún riesgo de seguridad creíble ¿con qué derecho nos querían negar nuestro derecho a la información?
